Dos diputados socialdemócratas chilenos han propuesto incluir el acceso a internet como un
derecho constitucional.
"La conectividad digital debe ser considerada, al igual que el acceso al agua potable o la luz eléctrica, un derecho humano que acorte las brechas sociales en Chile". Un nuevo artículo 19 en la carta magna chilena (
gracias, Julio).
La propuesta puede parecer disparatada si se entiende como la
universalización de la banda ancha, pero no es tan errónea si se equipara con el derecho a la propia identidad, a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la educación (recogidos en casi todas las constituciones, como la
española o la
europea con su carta de derechos). Y
también en la chilena.
Los diputados Esteban Valenzuela y Jorge Insunza ya adelantan que
"la forma en que el Estado promoverá el ejercicio de este derecho" deberá ser decidido, pero reclaman recursos dedicados a fines menos importantes.
Los diputados han puesto como ejemplo el experimento de
alfabetización digital y banda ancha libre en la ciudad chilena de Salamanca.
Todas esas áreas -y otras- dependen cada vez más de internet y su desarrollo obliga a la superación de la brecha digital.
La única forma
no es la constitucional ni la extensión de la banda ancha. Para el acceso y aprovechamiento a los servicios y la información digitales hace falta primero la educación necesaria que nos permite un acceso crítico a los contenidos.
Son premisas imprescindibles para la alfabetización crítica (literacidad) digital. Pero la propuesta de los diputados chilenos enfoca la necesidad de nuevos derechos y responsabilidades ciudadanas en el
ciberespacio y la
ciberdemocracia.
Un debate necesario para una cibersociedad más plena.
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